Rodolfo Lomascolo

 Según datos de un reciente informe de AECOC (Asociación Española de Codificación Comercial), la facturación electrónica ayuda a las empresas a reducir gastos, algo fundamental en época de crisis y coyuntura económica desfavorable.

 

En concreto, la AECOC cifra el ahorro por factura electrónica recibida en 0,70 euros, mientras que la empresa emisora evita gastar 1,85 euros gracias al formato digital. Al eliminar el papel impreso, el sobre, el sello y demás elementos logísticos mediante la e-factura, se evitan este tipo de gastos y además se es más respetuoso con el medio ambiente. Si a esto le sumamos otras partidas destinadas a Recursos Humanos, almacenamiento y archivo de las facturas, así como el adelanto del pago gracias a la inmediatez que propicia dicho formato, las ventajas se multiplican.

 

Cifras de ahorro estimado

Con los datos en la mano, en el caso de una empresa que emita unas 60.000 facturas al año -lo normal en una entidad de volumen medio-, el ahorro propiciado por la factura electrónica ascendería a unos 110.000 euros (60.000 facturas x 1,85 euros de ahorro en cada una). Si dividimos dicha cantidad entre doce meses, obtenemos un ahorro estimado en 9.250 euros al mes, cifra nada despreciable ante épocas de crisis.

 

Por su parte, la Administración Central es aún más optimista, cifrando el ahorro anual que la factura electrónica propicia para las empresas en unos 15.000 millones de euros (el 1,5% del PIB español), atendiendo a un ahorro estimado de 3,40 euros por factura electrónica y un volumen anual en España de 4.500 millones de facturas. Asimismo, con la factura electrónica se pretende eliminar el consumo de hasta 9.000 millones de hojas de papel al año, contribuyendo a frenar la deforestación global.

 

Y es que no sólo las empresas grandes cuentan con elevadas cantidades de factura. De hecho, hay muchas pymes que no manejan mucho volumen de dinero pero sí mucho volumen de facturación porque, por ejemplo, tienen que emitir una factura por cada uno de los componentes que venden. Al implantar la Facturación Electrónica se evitarían gran parte de estos gastos.

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Con la entrada en vigor de las Leyes 11/2007 y 30/2007, LISI y LCAP, los fabricantes de soluciones de Firma y Facturación electrónica van a tener que adaptar y evolucionar en servicios y productos que puedan ser compatibles y viables ante las nuevas obligaciones planteadas.

Desde la Administración Pública se ha apostado por la factura electrónica como primer paso, tras el DNIe, hacia el universo electrónico y han promovido el formato “Facturae” en las relaciones de las empresas con el sector Público. Tanto la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, como la de Contratos del Sector Público, regulan el formato de factura electrónica, “Facturae”, para todas las relaciones telemáticas con la Administración Pública. El standart se establece mediante un esquema XSD, XML Schema Definition, cuyo objetivo es facilitar el procesamiento automático.

Sin duda alguna, como empresa, nos encontramos ante un nuevo reto y al mismo tiempo con nuevas oportunidades de mercado. La implantación de la factura electrónica, tanto para las instituciones del sector público, como para las empresas que contraten con estas, entrará en vigor el 30 de abril de 2009. Además será obligatorio, desde el 30 de julio del mismo año, la presentación de facturas electrónicas en la contratación con el sector público estatal, para aquellas sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas, y desde el 30 de octubre, en los contratos con el sector público estatal.

Con este escenario se observa perfectamente el impulso que quiere dar la Administración a las funciones telemáticas. La nueva normativa ha supuesto un esfuerzo doble; primero para la Administración a la hora de unificar formatos, y también por parte de los fabricantes de firma y facturación electrónica, en la creación de soluciones de calidad. Las nuevas herramientas tienen que estar en consonancia con las normativas en formato y plazos. El punto de referencia para todos, usuarios y empresas, es la página Web http://www.facturae.es/

Ante este abanico de formatos un buen producto es aquel que pueda dar soporte para XML XMLDSig, UBL, CCI y Facturae. Las herramientas de ipsCA cumplen este perfil además de que pueden firmar en PKCS#7, XadES, CAdES y PDF.

Esta versatilidad nos hace más competentes, ya que no sólo nos adaptamos ante las necesidades específicas de cada organización, sino que además, ofrecemos la posibilidad de enviar las facturas electrónicas en el soporte y con la firma que requieren los clientes o la Administración Pública.

Estamos ante una evolución dentro de la dinámica de trabajo, donde no sólo se ahorrará en costes sino, que se crearán nuevos protocolos y conductas laborales.

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    La reciente Ley 56/2007 de impulso de la Sociedad de la Información será real a partir del 29 de Diciembre del 2008. Con ella se introducen nuevas obligaciones de especial trascendencia para todas las entidades financieras. Lo que se quiere conseguir es un impulso efectivo a la utilización de la factura electrónica mediante un plan de generalización en España. Para tal fin, establece su uso, de forma obligada, en el marco de la contratación con el sector público estatal.

La normativa tiene previsto un plan de actuaciones de profundización para el cumplimiento de la Ley, por ello persigue que toda entidad financiera facilite a sus usuarios un medio de interlocución  telemática, que mediante el uso de certificados reconocidos de firma electrónica, les permita llevar a cabo los trámites que hoy día se tiene que realizar de forma presencial en una sucursal. Se trata de acciones tan cotidianas como la contratación, modificación o finalización electrónica de servicios y actos o negocios jurídicos; la consulta de sus datos de cliente y de facturación; la presentación de quejas, incidencias, sugerencias o reclamaciones; y el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos de carácter personal, entre otras gestiones. Todo ello tendrá que ser una realidad a partir del 29 de diciembre de 2008.

Una ley para los procesos telemáticos

El objetivo de la norma, de cara al futuro, es potenciar la utilización de los servicios electrónicos de la sociedad de la información que actualmente se prestan de forma presencial. En consecuencia, la ley no sólo atañe a entidades bancarias sino también a otros sectores como las agencias de viajes, empresas de gas, agua y electricidad e incluso a tasadoras y corredurías de seguros. En todos estos campos debe ser posible la contratación telemática, mediante el uso de certificados de firma electrónica. Es por esto por lo que se exige a las empresas afectadas que el contenido de sus sitios Web cubra, a partir del 29 de diciembre de 2008, el nivel medio de los criterios de accesibilidad generalmente reconocidos.

Nosotros como parte del proceso de fomento en el uso de los servicios telemáticos, y expertos en firma, facturación y certificación electrónica, ofrecemos un portfolio de  productos perfectamente adaptados a la legislación vigente para dar respuesta a sus necesidades en este ámbito. Con un nuevo soporte, en línea con los estándares más recientes, estamos favoreciendo la utilización del nuevo DNI electrónico en todos los procesos telemáticos. La implantación de nuevo carné tiene una previsión de más de 6.5 millones de usuarios a finales de este año.

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